En defensa de la paz ciudadana, la justicia y el respeto a la legalidad venezolana, la alcaldesa del municipio Torres, Lasmit Verde, junto a las víctimas y representantes legales de los sucesos violentos acaecidos el 30 de julio de 2024 en la ciudad de Carora acudieron este jueves a la sede de la Fiscalía Superior del Estado Lara, adscrita al Ministerio Público, a fin de ratificar formalmente la denuncia penal y solicitar la reactivación inmediata de las investigaciones correspondientes.
La acción jurídica busca que el Ministerio Público y los tribunales competentes determinen las responsabilidades materiales e intelectuales sobre el asedio, agresiones físicas, saqueo e incendio ejecutados contra las instalaciones de la emisora comunitaria Radio Venceremos y la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio Torres.
El abogado Juan Carlos Torrealba Escalona, apoderado judicial de los afectados, precisó a las afueras de la sede fiscal «que un total de 42 personas fueron víctimas directas de las agresiones y el asedio prolongado por más de ocho horas, cuando se encontraban dentro del inmueble y fueron cercadas por un grupo violento armado con palos, armas de fuego, artefactos incendiarios y combustible».
Torrealba Escalona reiteró el señalamiento sobre la presunta omisión de auxilio por parte del entonces alcalde de Torres, Javier Oropeza, a quien acusó de desatender sus competencias constitucionales de resguardo y seguridad ciudadana encontrándose a apenas una cuadra de donde se desarrollaba el ataque.
Francisco Cantos una de las 42 personas que sobrevivió al asalto a la sede comunitaria, relató ante los medios la gravedad del ataque y las secuelas que aún padecen los afectados «Estábamos realizando labores de mantenimiento cuando fuimos sitiados y agredidos. En mi caso, fui sacado por la fuerza, despojado de mis pertenencias y golpeado a lo largo de varias cuadras hasta que un ciudadano en motocicleta logró auxiliarme y salvarme la vida. Tras una intervención quirúrgica de más de cuatro horas y enfrentar secuelas que hoy requieren atención médica y psicológica continua, acudimos al Ministerio Público con un solo propósito exigir justicia y que los responsables materiales e intelectuales respondan ante la ley», declaró Cantos.
