El dirigente empresarial apuntó que el objetivo principal de la propuesta es enviar un mensaje de certidumbre que genere confianza tanto en el sector privado nacional como en los inversionistas extranjeros.
Luigi Pisella, representante del sector privado en la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, propone que los activos que fueron expropiados o confiscados por el Estado venezolano que no hayan sido debidamente indemnizados o cuyo proceso de pago no haya concluido sean devueltos a sus legítimos propietarios, en lugar de ser incluidos en procesos de privatización o subastas.
«La expropiación está contemplada en la Constitución y aplica para aquellos activos cuyo proceso terminó y se pagó; es decir, pertenecen al Estado. Lo que no se ha pagado o tiene algún tema legal pendiente, se va a devolver a sus dueños. El Estado no va a vender algo que no es suyo y en eso nos vamos a proteger todos», explicó Pisella, aclarando que cada caso será evaluado de forma particular.
Para garantizar la seguridad jurídica de la medida, el representante gremial señaló que se buscarán todas las alternativas legales necesarias que permitan blindar la decisión en el tiempo. El objetivo principal es enviar un mensaje de certidumbre que genere confianza tanto en el sector privado nacional como en los inversionistas extranjeros.
Asimismo, reafirmó que el plan se fundamenta en la transparencia institucional, proponiendo que la adjudicación o venta de las empresas en manos del Estado se efectúe mediante subastas públicas, licitaciones transparentes y operaciones a través de la Bolsa de Valores.
Destacó que estos mecanismos no solo buscan reactivar el aparato productivo, sino también garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores e impulsar la inyección de capital para lograr mejoras salariales progresivas, dijo en entrevista de Unión Radio.
