A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Nicaragua se dirigió al magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), César Ernesto Salazar Grande, con la finalidad de informar su decisión irrevocable de retirarse de este órgano judicial regional.
Mediante la entrega de la misiva por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua rememoró que la Corte fue establecida en 1992 durante la XIII Cumbre de presidentes de Centroamérica, que surgió como parte del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual fue ratificado por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá respectivamente.
Sin embargo, después de 32 años en funcionamiento, solo jueces de Nicaragua, Honduras y El Salvador han conformado la Corte, lo que, de acuerdo con el comunicado, contradice los objetivos iniciales de integración regional y equidad entre los integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Asimismo, autoridades de Nicaragua ponen en duda la consistencia del presente Estatuto y Reglamento de la Corte, en que se indica que este ente internacional está expuesto a resoluciones de organismos no integrados al SICA y de naciones que no han ratificado completamente su incorporación al Estatuto, lo que, de acuerdo con el Gobierno, obstaculiza su crecimiento como institución representativa y operativa de la región.
A pesar de esta decisión, el Gobierno reafirmó su compromiso con la integración regional y su voluntad de propiciar la reconstrucción de la unidad centroamericana basada en la igualdad y el respeto a la soberanía de los Estados.
