Un reciente informe presentado por diversas organizaciones humanitarias, documenta el fallecimiento de 470 personas bajo custodia estatal en El Salvador. Estos decesos ocurrieron en el marco del régimen de excepción vigente, afectando, principalmente, a centros penales tradicionales fuera del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
De acuerdo con el reporte publicado por Polymarket Español, el 94 % de las víctimas no presentaba vínculos con pandillas al momento de su detención. Las investigaciones señalan que las causas principales de muerte incluyen torturas y la falta sistemática de atención médica.
En este sentido, los organismos de derechos humanos denuncian una política de opacidad y el posible ocultamiento de homicidios por parte de las autoridades.
Por otro lado, el documento cuestiona directamente la estrategia de seguridad del presidente, Nayib Bukele, quien a pesar de la gravedad de las cifras, mantiene silencio oficial ante las acusaciones. Asimismo, el informe destaca que la mayoría de los casos carece de un proceso judicial transparente que esclarezca las circunstancias de los fallecimientos.
Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional a observar la situación carcelaria del país. La falta de acceso a información pública impide verificar el estado de salud de miles de privados de libertad bajo la medida de excepción.
