La presidenta Delcy Rodríguez anunció el plan especial durante la entrega de las primeras 200 viviendas a familias afectadas por los sismos de junio.
En el marco de las acciones prioritarias para garantizar el derecho a la vivienda tras la contingencia sísmica del pasado $24$ de junio, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la incorporación del mercado inmobiliario secundario y la reestructuración del marco legal de arrendamientos dentro del plan nacional de solución habitacional.
El anuncio fue realizado durante el acto de adjudicación de las primeras 200 soluciones habitacionales destinadas a familias damnificadas por los movimientos telúricos que afectaron diversas zonas del país. La mandataria nacional precisó que la estrategia estatal contempla no solo la construcción de nuevas urbanizaciones, sino también la adquisición expedita de inmuebles previamente construidos para agilizar el reasentamiento de las víctimas.
«Debemos sumar el mercado secundario. Compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía, con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), está ya trabajando en eso», destacó Rodríguez durante su intervención, al tiempo que instruyó la simplificación de trámites administrativos para concretar estas operaciones en coordinación con los órganos de registro del Estado.
Asimismo, la jefa de Estado enfatizó que el Ejecutivo impulsará reformas en el marco normativo de alquileres mediante la revisión de la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias. Esta medida busca dinamizar el sector de bienes raíces, incentivar la oferta de inmuebles desocupados y ofrecer condiciones de seguridad jurídica y estabilidad a las familias que requieran una vivienda en calidad de arrendamiento durante la fase de reconstrucción.
Con la entrega de este primer lote de 200 viviendas y la articulación del plan conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el SAREN, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso de articular todos los mecanismos financieros y legales disponibles para asegurar el cobijo digno y la atención integral de la población afectada.
