Con el firme objetivo de fortalecer las políticas públicas ambientales en la región, la Gobernación del Estado Lara fue escenario de una mesa de trabajo estratégica junto al Estado Mayor Ecosocialista. El encuentro, encabezado por el gobernador Luis Reyes Reyes, reunió a representantes de instituciones públicas vinculadas al área ecosocialista, el Ministerio Público, tribunales, la Guardería Ambiental y el Poder Popular para revisar los avances de 2026 y planificar la agenda del trimestre octubre-diciembre.
Durante el balance general, se destacaron importantes logros en materia de conservación, como las jornadas de reforestación en el Valle del Turbio y la exitosa liberación de 146 animales silvestres recuperados del cautiverio y reinsertados en sus hábitats a lo largo de cuatro jornadas, gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio del área y el Parque Zoológico y Botánico Bararida.
«La idea de hoy es planificar las acciones a realizar de este ultimo trimestre, en primer lugar revisar los avances se que tienen durante el 2026, se han recogido denuncias de las propias comunidades organizadas que son porta voces junto al poder popular de las afectaciones que se dan, la idea es que esta instancia siga impulsando como principal mision, la articulacion entre todos los organismos que tienen una responsabilidad en esta materia y podamos salir con acciones concretas y luego hacer el proceso de seguimiento y evaluar que tan efectivo ha sido la política publica de cada una de estas instancias para ver si hemos podido corregir las afectaciones que se han generado» informó el director de despacho de la gobernación, Luis Jonás Reyes Flores.
Asimismo, las autoridades informaron sobre el reforzamiento de la protección en los parques nacionales Yacambú y Terepaima, resaltando la ampliación de este último para consolidar un corredor natural destinado a la protección del oso frontino, bajo el seguimiento permanente de los cuerpos de guardaparques y los equipos técnicos regionales.
En el ámbito legal y de control, se dio a conocer que se han procesado cerca de 300 denuncias por delitos ambientales, las cuales han derivado en detenciones y rigurosas medidas administrativas ante afectaciones críticas en la región. Entre los problemas señalados bajo evaluación se encuentran los daños en Santa Lucía, el impacto en las cuencas por la siembra de café a cielo abierto, afectaciones a los humedales de Torres, ocupaciones ilegales en zonas protegidas, y la deforestación indiscriminada para el cultivo de piña y explotación ilegal de carbón en Simara y el semiárido larense; situaciones ante las cuales se ratificó la ruta de sancionar las actividades sin permisos, concientizar a las comunidades y recuperar los espacios degradados.
