Fuentes ligadas al entorno judicial revelaron con preocupacion que Perera González operaba con total impunidad en el foro regional desde el año 2013. Su estrategia para evadir los controles del sistema penal y civil es 
basaba en la usurpación de identidad profesional, utilizando el número de Inpreabogado 33.369. Esta matrícula pertenece en realidad a Ramón Darío González, un abogado natural de Caracas inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital desde el año 1989.
Durante más de una década, nadie cruzó los datos. Mientras el verdadero titular ejercía o hacía su vida lejos de la capital larense, Perera González entraba y salía de las salas de audiencia, firmaba actas y cobraba honorarios a incautos usuarios que acudían al sistema en busca de justicia.
