El Gobierno de España ha anunciado que el próximo 12 de junio finalizará la medida excepcional que permitía a los ciudadanos venezolanos obtener la residencia legal por razón humanitaria tras la denegación de su asilo. Esta decisión, reportada por el diario El País, pone fin a una política vigente desde 2019 que ha servido como salvoconducto legal para cerca de 240 mil personas.
Unificación de criterios migratorios
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsa esta modificación normativa bajo el argumento de que las circunstancias para la «excepción venezolana» han evolucionado. Con este cambio, España busca armonizar criterios de extranjería, aplicando a los venezolanos el mismo rigor administrativo que rige para el resto de nacionalidades.
Desde la fecha límite establecida, las solicitudes de protección internacional que resulten denegadas ya no derivarán de forma automática en un permiso de residencia temporal. Esta medida obliga a los solicitantes a buscar alternativas dentro del marco jurídico general, eliminando el trato preferencial que hasta ahora facilitaba su regularización.
Nuevas exigencias para la regularización
A partir de junio, los ciudadanos venezolanos que no logren el estatus de asilo deberán optar por las vías ordinarias de arraigo. Estos procedimientos son notablemente más complejos y exigen requisitos estrictos, como demostrar una permanencia mínima de dos años en el país.
Esta transición representa un reto significativo para la comunidad venezolana en España, que ahora enfrenta una mayor incertidumbre administrativa. El endurecimiento de las condiciones de extranjería obligará a miles de personas a cumplir con procesos de regularización más prolongados y burocráticos para mantener su estatus legal en España.
