Presidenta encargada lideró la apertura de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, buscando optimizar las garantías ciudadanas
El perfeccionamiento de las instituciones legales y la ampliación de los mecanismos de protección ciudadana se posicionan en el centro de la agenda pública del país. En este sentido, durante el lanzamiento de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, calificó esta iniciativa como una estrategia crucial para edificar un nuevo marco jurídico enfocado en el bienestar social.
Garantías constitucionales y proximidad popular
La jefa de Estado encargada detalló que la nación transita hacia un sendero que optimiza los canales de defensa ciudadana y el acceso oportuno a los tribunales. De esta manera, el Ejecutivo nacional busca estructurar un aparato legal eficiente que sirva de herramienta real y cercana para los requerimientos del pueblo, fundamentando este despliegue bajo los siguientes lineamientos institucionales:
Resguardo fundamental: El proyecto prioriza la preservación absoluta de las prerrogativas esenciales y los derechos humanos de la población civil.
Tutoría del Estado: Se potenciarán los mecanismos institucionales para hacer efectivas las garantías jurídicas mediante el Sistema de Justicia.
Eficiencia institucional: Las mesas técnicas trabajarán en la simplificación de trámites penales para erradicar el retardo procesal en las regiones.
Desafíos y diálogo sectorial
Por otro lado, la mandataria reconoció con franqueza que, a pesar de las transformaciones estructurales planificadas, el escenario por abordar sigue siendo extenso y requiere de un esfuerzo sostenido. Asimismo, admitió que lo logrado hasta ahora resulta insuficiente para las justas aspiraciones de la sociedad, señalando que el país requiere un estándar ético y operativo superior en sus tribunales.
Por esta razón, el Gobierno nacional ratificó su determinación de solventar las tareas acumuladas en el ámbito penal a través de debates abiertos. Finalmente, se convocará de forma directa a las organizaciones de base y a los gremios profesionales. En consecuencia, la meta definitiva de esta consulta pública será edificar una plataforma judicial transparente que coloque en primer orden la dignidad de cada venezolano.
