La Cámara de Diputados de Argentina sesionará para debatir la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo prevé convertir en ley antes de marzo. La votación se dará en un clima de máxima tensión política y sindical, con un paro general convocado para la misma jornada.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país que agrupa a la mayoría de los gremios del sector privado, anunció una huelga nacional de 24 horas en rechazo al proyecto. La medida será sin movilización oficial, pero con adhesión masiva de sindicatos del transporte, la industria y el sector público, lo que anticipa una paralización significativa de la actividad económica.
Los gremios ferroviarios, de colectivos, subterráneos y aeronáuticos confirmaron su participación, por lo que podrían verse afectados vuelos nacionales e internacionales, además del transporte urbano y de larga distancia. También se sumarán camioneros, trabajadores industriales, estatales, docentes y personal de salud, lo cual ampliará el impacto del paro en servicios públicos y privados.
Una ley regresiva en términos de derechos
La convocatoria sindical ocurre en respuesta a una reforma que introduce cambios profundos en las condiciones laborales. Entre los puntos más controvertidos figuran la reducción de indemnizaciones por despido, las modificaciones en el régimen de vacaciones, la creación de un sistema de ‘banco de horas’ que reemplaza el pago de horas extra y la ampliación de la jornada diaria de hasta 12 horas, dentro del límite semanal vigente.
Otro aspecto polémico es la limitación del derecho a huelga mediante la ampliación de los sectores considerados esenciales —como transporte, telecomunicaciones y servicios portuarios— que deberán mantener prestaciones mínimas obligatorias. Además, el proyecto establece sanciones más severas para bloqueos sindicales y exige autorización patronal para realizar asambleas laborales durante la jornada.
La mayor controversia política se generó por un artículo que reduce el salario durante licencias médicas por enfermedades o accidentes no laborales, con pagos que podrían bajar al 75 % o incluso al 50 % del sueldo en determinados casos.
Fuente: RT
