Ecuador suspende garantías en diez provincias este 17 de junio ante la persistente crisis de seguridad y criminalidad.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que impone de forma inmediata el estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres cantones del país. La vigencia del decreto será de dos meses, reactivando esta condición jurídica a solo dos semanas de haber vencido el último periodo restrictivo.
El alcance territorial de la medida cobija a regiones críticas de la geografía ecuatoriana, incluyendo la provincia capitalina de Pichincha, además de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. De igual forma, el mandato legal rige para las localidades de La Maná, Las Naves y La Troncal.
El dictamen otorga potestades especiales a las fuerzas policiales y militares para ejecutar operativos de orden público dirigidos al combate de organizaciones delictivas. Entre las limitaciones de derechos constitucionales destaca el levantamiento de la inviolabilidad domiciliaria, habilitando inspecciones forzosas y allanamientos directos en propiedades privadas.
Asimismo, tras varios meses lidiando con toques de queda y militarización intermitente de las calles, la población ecuatoriana enfrenta un nuevo ciclo de restricciones. Las promesas hechas por el mandatario en el extranjero quedaron atrás, dejando en evidencia la dependencia gubernamental del despliegue armado para contener la cotidianidad urbana.
Finalmente, los balances estadísticos oficiales del Ministerio del Interior arrojan dudas sobre la efectividad de los planes de choque, tras registrarse un récord histórico de 9.300 muertes violentas en la nación. La declaración oficial de insurgencia terrorista no impidió que el país culminara el último ciclo anual liderando los índices regionales de criminalidad.
