La Comisión Presidencial coordina un debate sectorial junto al Tribunal Supremo de Justicia con el fin de optimizar la eficiencia y transparencia gubernamental.

La transformación profunda de las instituciones públicas, la modernización de los procesos administrativos y la construcción de consensos nacionales centran la agenda de reforma del Estado venezolano. En este sentido, el responsable de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, Héctor Rodríguez, solicitó este martes al Poder Judicial iniciar un proceso de debate individual y colectivo sobre el funcionamiento del aparato burocrático.
Consulta sectorial y viabilidad del plan de reestructuración
La planificación estratégica busca recabar planteamientos de todas las instancias jurídicas para robustecer el proyecto de simplificación institucional. Por otro lado, Rodríguez instó a extender la consulta a los jueces de paz, promoviendo deliberaciones libres a partir de interrogantes orientadoras.
Por esta razón, el vocero enfatizó que la reingeniería debe estructurarse bajo criterios de factibilidad y con un enfoque orientado plenamente hacia el bienestar ciudadano:
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Enfoque en el usuario: El debate debe centrarse en las necesidades de la población y no en las comodidades del funcionario, evaluando la capacidad real de los recursos disponibles.
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Progresividad institucional: La propuesta final debe equilibrar las demandas sociales con la viabilidad técnica y presupuestaria del país.
Oportunidad histórica en el TSJ
Las máximas autoridades judiciales valoraron positivamente la convocatoria, asumiéndola como un compromiso ineludible en la actual coyuntura. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, calificó esta iniciativa como una valiosa oportunidad y una necesidad demandada por la sociedad.
Asimismo, la magistrada destacó la disposición del sector para sumarse a los cambios:
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Evaluación sin temores: Afirmó que el Poder Judicial asume este proceso de revisión con valentía para aplicar los correctivos que resulten necesarios.
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Redefinición de tareas: Subrayó la urgencia de evaluar las funciones de los servidores públicos mediante un ejercicio de autocrítica constructiva.
En consecuencia, se da cumplimiento a las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ordenó la creación de esta junta el pasado 26 de mayo.
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