21 de marzo de 2026

Defensa del Presidente Nicolás Maduro solicita desestimar cargos por violación al debido proceso

El equipo legal del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores ha dado un paso decisivo ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. El abogado Barry J. Pollack presentó un memorial de derecho bajo el expediente S4 11-CR-205 (AKH), solicitando la desestimación total de los cargos. El argumento central sostiene que el Gobierno de Estados Unidos viola activamente la Sexta Enmienda constitucional y el derecho al debido proceso al impedir que Venezuela financie la defensa de su jefe de Estado.

La defensa califica los hechos como una «intervención política directa». Según el cronograma presentado, el 9 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó inicialmente las licencias para recibir fondos. Sin embargo, menos de tres horas después de su emisión, la agencia publicó una versión enmendada exclusivamente para el presidente Maduro que prohibía dicho financiamiento. Este proceder contradice la práctica histórica de la OFAC; expertos han declarado bajo juramento que jamás se había negado una solicitud de este tipo, independientemente de las sanciones vigentes.

La argumentación jurídica se apoya en la declaración del jurista Henry Rodríguez Facchinetti, quien certifica que la ley venezolana obliga al Estado a cubrir los gastos legales del mandatario. Además, el propio presidente Maduro declaró bajo juramento carecer de recursos propios para costear su defensa. La moción cita la jurisprudencia federal *United States v. Stein (2008)*, que establece que el Gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por terceros sin vulnerar los derechos del acusado.

Finalmente, la defensa denunció que la OFAC tampoco ha respondido a la solicitud de autorización para financiar viajes de investigación a Venezuela, indispensables para un caso que abarca 25 años de supuestos hechos ocurridos fuera de territorio estadounidense. Esta falta de respuesta, sumada al bloqueo financiero, constituye, según Pollack, una obstrucción ilegal que impide una defensa técnica adecuada y justa.