El Estado de Oregon presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, para evitar el despliegue de la Guardia Nacional. A través de un documento judicial presentado en una corte federal, la gobernadora Tina Kotek y el alcalde de Portland, Keith Wilson, responsabilizaron al Jefe de la Casa Blanca de abuso del poder ejecutivo de manera inconstitucional.
El recurso judicial señala que, lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias amenazan con socavarla al incitar la indignación pública.
Las autoridades locales cuestionaron la decisión y aseguraron que no existe una situación de insurrección ni amenaza a la seguridad nacional que justifique la presencia de militares.
Cientos de miembros de la Guardia Nacional de Oregón ya fueron convocados para desempeñar funciones federales, puntualizó el fiscal general del estado, Dan Rayfield, desde las redes sociales.
«Las comunidades de Oregón son estables y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal», agregó el funcionario.
Donald Trump autorizó el uso de la fuerza contra la población civil estadounidense «si es necesario» para enfrentar las protestas contra sus políticas migratorias frente a unidades de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los manifestantes denuncian el hostigamiento y la precariedad en dichos centros.
